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San Raymundo Jalpan, Oax., a 15 de julio de 2025.- En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Benjamín Viveros Montalvo presentó dos iniciativas de ley para fortalecer el marco jurídico en materia de extorsión para su punibilidad y prevención. Así como para robustecer la colaboración institucional para hacer frente a estas conductas delictivas y garantizar la integridad personal y paz social. La primera iniciativa busca reformar el artículo 383 Bis del Código Penal de Oaxaca, para tipificar la conducta que configura el delito de extorsión, de quien utiliza violencia física o moral, directamente o por interpósita persona, con el propósito de obligar a otro a actuar contra su voluntad y obtener beneficios ilícitos. Se establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, con penas más severas de 10 a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), cuya sentencia podría aumentar hasta el doble dependiendo de las múltiples agravantes que se establecen, las cuales reflejan las dinámicas actuales de la criminalidad, incluyendo el uso de medios digitales, la participación de servidoras y servidores públicos, asimismo, el impacto sobre grupos vulnerables y sectores productivos. En este mismo sentido también presentó un Proyecto de Decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política del Estado, con el fin de que los decretos que se expidan no pueden restringir ni suspender la prohibición de la extorsión y con ello “cerrar filas contra el flagelo, reforzando la prevención, la denuncia y la protección de quienes se ven amenazados con estas conductas delictivas”, subrayó. Además, destacó, que con este cambio Oaxaca asumiría con responsabilidad y visión de futuro su papel contra uno de los delitos que más vulnera la paz social y la dignidad de las personas. Todo ello, en concordancia con la propuesta de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, quien el pasado 08 de julio del año en curso anunció la presentación de la Iniciativa de Ley para reformar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y las sanciones en materia de extorsión. “Al armonizar los esfuerzos entre el ámbito federal y local, enviamos un mensaje claro y contundente: no habrá tregua frente a la extorsión”, puntualizó. Las propuestas de ley fueron turnadas por la Mesa Directiva a las Comisiones Permanentes de Estudios Constitucionales, y de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio y dictamen. -0-

*Legislatura aprueba reformas a la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos; y Ley de Cambio Climático*Las reformas aseguran mayor rigor en la vigilancia y aplicación de las normativas climáticas San Raymundo Jalpan, Oax., a 14 de julio de 2025.- En Sesión Ordinaria, el Congreso del Estado aprobó dos dictámenes de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías, Sostenibilidad y Cambio Climático, con el objetivo de modificar la denominación de diversos ordenamientos jurídicos de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, así como, para armonizar la Ley del Cambio Climático. El primer Proyecto de Decreto fue avalado con 28 votos, mediante el cual, se reforman el artículo 2°, la fracción V del artículo 5°, el segundo párrafo del inciso d) de la fracción IX del artículo 34, el primer párrafo del artículo 48, el cuarto párrafo de la fracción VI del artículo 77, y los artículos 101, 114, 116, y 118, de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Con ello se modifica la denominación de los ordenamientos jurídicos para quedar como Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa; el Código de Procedimientos Civiles; la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano; y Ley Orgánica Municipal. Con lo estipulado ahora, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, podrá llevar a cabo las visitas de inspección y vigilancia, la conmutación de penas, la substanciación y resolución de las denuncias populares, así como del recurso de revisión. La Iniciativa de Ley fue impulsada por las representantes populares Eva Diego Cruz, Melina Hernández Sosa, Monserat Herrera Ruiz, y los diputados Francisco Javier Niño Hernández y Mauro Cruz Sánchez. El segundo Proyecto de Decreto se aprobó con 29 votos y fue una iniciativa de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Biaani Palomec Enríquez, mediante la cual, la Procuraduría de Protección al Ambiente será el órgano competente para realizar actos de inspección y vigilancia e impondrá las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la legislación ambiental, de acuerdo con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, y la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Este proceso de armonización no solo responde a una necesidad de coherencia normativa, sino aún imperativo de eficiencia gubernamental, asegurando que el marco jurídico refleje la realidad institucional actual. Ello, debido a que la Procuraduría cuenta con los mecanismos legales y operativos necesarios para garantizar un mayor rigor en la vigilancia y aplicación de las disposiciones ambientales y climáticas, fortaleciendo así la capacidad del estado para enfrentar los desafíos en la materia con una estructura más robusta y especializada. En este sentido se reforma la fracción XXXVI del artículo 3, la fracción Ill del artículo 4, las fracciones XII y XIII del artículo 7, y los artículos 72, 74, 76, 80 y 81; y se adiciona la fracción XXVI recorriéndose las subsecuentes del artículo 3, la fracción IV recorriéndose la subsecuente del artículo 4, la fracción XIV del artículo 7 de la Ley de Cambio Climático local. -0-

San Raymundo Jalpan, Oax., a 14 de julio de 2025.- En Sesión Extraordinaria la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local aprobó con 29 votos a favor y uno en contra el Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca. La iniciativa la presentó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Benjamín Viveros Montalvo y el dictamen fue emitido en sentido positivo por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado. Lo anterior, es con el propósito de consolidar un Sistema Estatal de Fiscalización más robusto y eficiente en cumplimento al mandato legal contenido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 2502 publicado el pasado 10 de febrero de 2025 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, mediante el cual, se modificaron y derogaron diversas disposiciones tanto del Reglamento Interior del Congreso de Oaxaca, como de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas estatal, en lo relativo a la Unidad Técnica de Fiscalización y Control del Poder Legislativo. Entre los aspectos que se reforman se destaca que se suprime la autonomía presupuestal, financiera, técnica y de gestión a la citada Unidad Técnica. Las y los servidores públicos que lo integren deberán ser de confianza. También se establece que la persona titular de este órgano será responsable administrativamente de la Jucopo y le deberá rendir un informe anual de gestión. Y para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas contará con los Servicios Públicos y las áreas administrativas que le autorice la Junta de Coordinación Política, quien también expedirá su Reglamento. El Decreto contempla la reforma a la fracción VII del artículo 56, la fracción Il del artículo 111, el artículo 114, los párrafos primero y segundo del artículo 116 y el artículo 117 y se deroga el tercer párrafo del artículo 110, todos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca. -0-

San Raymundo Jalpan, Oax., a 12 de julio de 2025.- La LXVI Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó tres dictámenes para adicionar y reformar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, población adulta mayor, así como, en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que se rigen por el Sistema de Partidos Políticos (SPP). Los tres Proyectos de Decreto fueron dictaminados por el órgano legislativo de Fortalecimiento y Asuntos Municipales que preside el diputado Adán José Maciel Sosa. Con 28 votos a favor fue avalada la Iniciativa de Ley presentada por las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eva Diego Cruz, Elvia Gabriela Pérez López y Melina Hernández Sosa, por la cual se adiciona la fracción IX del Apartado J del artículo 43 de la Ley Orgánica antes referida. El objetivo es constituir los Consejos Municipales para la Atención de las Personas con Discapacidad, con el propósito de proteger sus derechos y garantizar su desarrollo. Este Consejo será presidido por el Presidente Municipal y estará integrado por la persona titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, las Regidurías relacionadas con el Desarrollo Social, Salud, Movilidad, Educación y Seguridad Pública. Y dentro de sus funciones podrá proponer al Ayuntamiento la creación o modificación de políticas, planes, programas o proyectos para el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. A su vez, con 27 votos a favor, se aprobó reformar la fracción VII del inciso J del artículo 43 de la misma norma, mediante la cual los Ayuntamientos deberán fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. De acuerdo con el dictamen esta labor ha sido realizada a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), cuya naturaleza es la asistencia social dirigida a familias y grupos en situación de vulnerabilidad, mismo que continuará ejecutando dichos trabajos, pero ahora, con una mejor normatividad, promoviendo políticas públicas para su integración social, económica, política y cultural. La iniciativa fue de la legisladora Vanessa Rubí Ojeda Mejía del Grupo Parlamentario Morena. Y, con 27 votos se aprobó adicionar un párrafo segundo al artículo 30 y un párrafo cuarto al artículo 75 de la misma Ley Orgánica Municipal local, por lo cual, los municipios regidos por el Sistema de Partidos Políticos deberán instaurar entre sus regidurías una Regiduría de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cuyo titular deberá ser una persona indígena o afromexicana. Lo anterior, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y de conformidad con lo que prescribe el artículo 103 de la Ley de Medios local, así como de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca. Este Proyecto de Decreto fue presentado por las diputadas Dulce Belén Uribe Mendoza, Tania López López, Cecilia Olivia Cruz Merlín, Elisa Zepeda Lagunas, Irma Pineda Santiago, Dennis García Gutiérrez, así como los diputados Iván Osael Quiroz Martínez, Oliver López García, Isidro Ortega Silva e Isaac López López. -0-

San Raymundo Jalpan, Oax., a 11 de julio de 2025.- La LXVI Legislatura local aprobó adicionar y reformar la Ley que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), para garantizar que el cargo de directora o director general de esta institución, así como de cada uno de los planteles que lo conforman, no sea ocupado por personas deudoras alimentarias o con antecedentes de violencia de género. El dictamen fue emitido a favor por la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya iniciativa fue presentada por la diputada Kelly Jannet Cabrera González (+) el pasado 24 de enero de 2025, quien propuso derogar de la referida ordenanza el concepto de “Ser de reconocida solvencia moral”, por considerarse discriminatorio al permitir valoraciones arbitrarias que pueden excluir injustamente a personas de cargos públicos. Sin embargo, el órgano legislativo dictaminador contempló adicionar las fracciones III y V, y reformar la fracción IV del artículo 9 de la norma en cuestión, para establecer los requisitos, como el no haber sido condenada o condenado mediante resolución firme por delitos de violencia de género, familiar y sexuales o por estar en incumplimiento de obligaciones alimentarias. “Los centros de bachillerato deben ser espacios que garanticen el bienestar físico y emocional de sus estudiantes, así como el respeto irrestricto de sus derechos humanos. Permitir que personas con antecedentes de violencia de género ocupen cargos directivos pone en riesgo la integridad de las y los jóvenes, también reproduce patrones de impunidad”, se precisa en el documento. Si bien, la Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género, es una medida que impide a personas agresoras de género ocupar cargos públicos o de representación, pensada originalmente para funcionarios públicos, su adopción en espacios educativos —como los bachilleratos— es clave, pues los directivos son figuras de autoridad con una gran influencia en la vida estudiantil. Además, la Comisión Permanente dictaminadora consideró importante que los requerimientos para dirigir el COBAO también deben enfocarse en capacidades profesionales y criterios objetivos, alejados de conceptos que favorezcan prejuicios. También subrayaron que esta reforma brinda certeza jurídica y fortalece la participación social en el ámbito educativo, al tiempo que celebró y honró la memoria de la diputada Kelly Cabrera, quien siempre trabajó en favor de los sectores históricamente excluidos.-0-

San Raymundo Jalpan, Oax., a 09 de julio de 2025.- Con el objetivo de visibilizar el acecho como una forma silenciosa y persistente de violencia, se llevó a cabo en el Congreso del Estado el foro “Violencia Invisible: Acecho”, impulsado por la diputada Biaani Palomec Enríquez. El foro permitió reflexionar sobre la necesidad de tipificar el acecho como delito y contó con la participación de expertas en el tema, como Diana Laura Murrieta Morales, Presidenta de Nosotras Para Ellas A.C, y Valeria Yvonne Macías Villareal, activista y defensora de los derechos de las mujeres, quienes compartieron sus experiencias para avanzar en el reconocimiento y combate de esta forma de violencia. Palomec Enríquez destacó que lo anterior puede escalar y poner en riesgo la integridad de las personas, especialmente de las mujeres, por ello, hizo un llamado a construir rutas institucionales que fortalezcan el marco legal y promuevan la prevención y erradicación de esta conducta. En este contexto, también se mencionó que ya existen avances en entidades como Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Estado de México, donde este comportamiento está tipificado como delito. Las panelistas insistieron en que se debe impulsar en la entidad una legislación que atienda esta problemática con sensibilidad, perspectiva de género y responsabilidad. El foro fue un espacio de diálogo abierto, que permitió generar conciencia sobre este problema que puede ocasionar daño emocional de quien lo sufre. Cabe señalar que, durante la Sesión Ordinaria del 01 de abril del año en curso, las congresistas Biaani Palomec Enríquez, Analy Peral Vivar, Jimena Yamil Arroyo Juárez y Haydeé Irma Reyes Soto, presentaron la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo IV Acecho en el título decimoquinto “Delitos contra la paz y la seguridad de las personas”, y se adiciona el artículo 270 Bis del Código Penal de Oaxaca. Esta propuesta de modificación contempla tipificar el delito de acecho para prevenir crímenes de alto impacto y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. El foro contó con la presencia de las diputadas Analy Peral Vivar, Irma Pineda Santiago y Karla Clarissa Bornios Peláez, así como del diputado Dante Montaño Montero. También asistieron la coordinadora de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razones de Género de Oaxaca, Margarita Guzmán Corsi; y del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, la jueza Verónica María de los Ángeles Morales Díaz. Además, estuvieron presentes representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-Sipinna); el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Unidad de la Policía Cibernética, la Coordinación para la Atención de Derecho Humanos (CADH); así como organizaciones sociales y colectivos. -0-