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San Raymundo Jalpan, Oax. 14 de agosto de 2024.- Con 32 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura local aprobó la reforma a la Ley Estatal de Austeridad Republicana, publicada el 20 de enero de 2023. Con este cambio, propuesto por el diputado Sergio López Sánchez, la ley quedó redactada con un lenguaje incluyente, asimismo, se ajustó para contemplar materia de obra pública de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Y se modificó el nombre del Comité Estatal de Evaluación para denominarse únicamente Comité de Evaluación, con el propósito de que éste sea aplicable también en el ámbito municipal y en los demás poderes del estado. “Toda vez que el Comité de Evaluación no debe entenderse como un órgano colegiado exclusivo del Poder Ejecutivo, sino que es propio de cada ente público: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los órganos constitucionales autónomos, los municipios, así como los organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal y los fideicomisos públicos”, explicó el legislador. Por lo cual, con la reforma, cada ente público deberá reportar los resultados de dicha evaluación al titular de su propia institución a fin de que sirvan de retroalimentación para el mejoramiento de futuras medidas de austeridad en su ámbito de competencia. Por su parte, la Comisión Permanente de Administración Pública, que preside la diputada Nancy Benítez Zárate, y la cual dictaminó la iniciativa, refirió que, con estas modificaciones, se busca la administración correcta de los recursos públicos. “Esto es de gran importancia en materias de contrataciones y obra pública, para que el ejercicio de los recursos públicos que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”, señaló. Para esta modificación, se reformaron los artículos 1, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26 y 27 de la Ley Estatal de Austeridad Republicana. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Y en un plazo de 90 días naturales posteriores a ello, las Secretarías de Honestidad y de Finanzas, deberán expedir los lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. Igualmente, en el mismo periodo deberán emitir los lineamientos para la Adquisición de Bienes y Servicios de uso generalizado de manera consolidada.

• Se trata de los que albergan los centros de salud “Donají” y “Colonia América”. San Raymundo Jalpan, Oax. 14 de agosto de 2024.- El Congreso de Oaxaca autoriza al titular del Poder Ejecutivo, Salomón Jara Cruz, donar al IMSS-Bienestar los inmuebles de los centros de salud de Donají y la colonia América, ambos ubicados en la capital del estado. En sesión ordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura local aprobó con 32 y 33 votos respectivamente las dos solicitudes del gobernador. En la exposición de motivos, el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, refirió que la desincorporación de estas propiedades del patrimonio del estado, es para la implementación de la estrategia de transferencia de los servicios de salud, como parte del Programa Estratégico de Salud para el Bienestar impulsado por el gobierno federal. “Para garantizar la atención a la salud y medicamentos gratuitos para todas las personas sin seguridad social”, expresó. Los dos inmuebles que serán donados a los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) son los que albergan el centro de salud “Donají”, ubicado en el lote 9, manzana 07, de la agencia municipal de Donají, en la ciudad de Oaxaca. Y el del centro de salud colonia América, situado en el lote 05, manzana 04, zona 02, San Matías Jalatlaco, del municipio de Oaxaca de Juárez.

•Con ello se busca la defensa de los pueblos, comunidades y de las y los artesanos del estado. San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de agosto de 2024.- Con 33 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura del Congreso local declaró como patrimonio cultural material e inmaterial del estado de Oaxaca a las artesanías de Santo Tomás Jalieza, elaboradas en telar de cintura con peine de carrizo y malla de ixtle o cáñamo. Esta declaratoria abarca la iconografía, los conocimientos y las técnicas de elaboración de estas piezas, y es una medida para salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos, comunidades y personas artesanas del estado. El diputado Sesul Bolaños López destacó que este decreto se da con el objetivo de prevenir el plagio y evitar con ello casos como el ocurrido con la empresa francesa Isabel Marant que incluyó en su línea Etoil primavera-verano 2015 blusas con diseños bordados con la iconografía de la prenda de Tlahuitoltepec. “Es necesario conservar, defender y proteger el patrimonio de nuestra cultura, ya que en ésta se expresa la forma de vida, tradiciones, historia y cosmovisión de los pueblos indígenas; como lo es en este caso el telar de cintura con peine de carrizo y mallas de ixtle o cáñamo de Santo Tomás Jalieza”, expresó el legislador. Por su parte, la diputada Eva Diego Cruz resaltó la importancia de que el Congreso local realice acciones que preserven la riqueza, los conocimientos, las habilidades y técnicas que se transmiten de generación en generación en las comunidades de Oaxaca durante la elaboración de artesanías, ante la creciente globalización. De acuerdo con el dictamen aprobado, el origen del telar de cintura es un instrumento que desde la época prehispánica auxilió a la mujer mesoamericana en la elaboración de la indumentaria, le permitió desarrollar su creatividad y plasmarla en una variedad de telas. Está formado principalmente por dos grupos de hilos: la urdimbre, que son los hilos verticales que definen el largo y ancho del tejido, y la trama, las hebras que se entrecruzan horizontalmente con la urdimbre. La aprobación de esta declaratoria surge de la iniciativa presentada por el diputado Sesul Bolaños López elaborada en conjunto con el presidente municipal de Santo Tomás Jalieza, Heladio Chávez; el síndico municipal, César Pérez Antonio; la regidora de Cultura, Ruth Noemí Mendoza Antonio; la ciudadana Olga Rubí Gómez Mendoza y con información del cronista e historiador de la comunidad, Noé Manuel Hernández Santos; así como con las y los artesanos de la comunidad.

• En la capital oaxaqueña detectan a 100 niñas y niños, de los cuales el 80% provienen de otros estados del país. San Raymundo Jalpan, Oax. 8 de agosto de 2024.- El Congreso de Oaxaca solicita a autoridades estatales y locales de los 570 municipios la creación de políticas públicas para prevenir y combatir la explotación laboral en menores de edad. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México que presentó el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta, señaló que el trabajo infantil es todo aquel que priva a las y los menores de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe en la materia del año 2020, elaborado por la OIT y la UNICEF, refiere que 160 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años son víctimas del trabajo infantil, entre ellos 79 millones se encuentran en situación peligrosa. En lo que respecta a Oaxaca, la bancada señaló que “esta práctica nociva de explotar laboralmente a los menores, es recurrente”, ya que de acuerdo con el diagnóstico de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tan solo en las calles y parques de la capital oaxaqueña hay al menos 100 niñas y niños que son obligados a vender dulces, cigarros y artesanías, o a mendigar. De los 100 menores de edad detectados, el 80% de ellos provienen de otros estados del país, principalmente de Chiapas, siendo el 20% restantes oaxaqueños. “Estas cifras evidencian la necesidad de que, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben actuar de manera coordinada, con la finalidad de prevenir y combatir el trabajo infantil mediante la implementación de estrategias, que garanticen a toda la niñez y adolescencia acceder a las condiciones y oportunidades necesarias que les permita construir un futuro promisorio”, señalaron las diputadas Eva Diego Cruz, Elvia Gabriela Pérez López, y el diputado Samuel Gurrión Matías. El punto de acuerdo fue aprobado con 28 votos a favor, y por lo cual, este llamado para crear las políticas públicas es para la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se coordinen con los 570 municipios del estado.

• Con esta reforma al Código Penal también se agravan las penas, algunas de 27 años de cárcel, para quien cometa delitos sexuales usando la sumisión química. San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de agosto de 2024.- Con 35 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura local aprobó la reforma al Código Penal de Oaxaca para tipificar la sumisión química y agravar las penas para quien cometa otros delitos usando ésta. Por lo cual, a propuesta de la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, quedó establecido en el marco jurídico que comete el delito de sumisión química quien, sin consentimiento de la persona o mediante intimidación o engaño, obligue, procure, facilite induzca, propicie o favorezca el consumo de narcóticos, fármacos o cualquier otra sustancia natural o química para manipular, anular o disminuir la voluntad de la víctima. O para generar una disminución del grado de vigilancia de la persona afectada, así como para vulnerar su capacidad de discernimiento o provocar su completa inconsciencia. La legisladora expuso la urgencia de tipificar la sumisión química ya que esta práctica es usada en bares y discotecas, por lo cual es necesario “visibilizar el problema, y establecer penalidades que inhiban la comisión del delito, asimismo para el caso de delitos sexuales pueda considerarse como una agravante cuando concurra el delito de sumisión química”. “De acuerdo con el estudio publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el año 2017, titulado «Violencia sexual contra las mujeres y consumo de drogas», muy pocos casos de violación son denunciados ante las autoridades, y cuando denuncian, el acceso a la justicia de las mujeres se ve obstaculizado por elementos socioculturales discriminatorios como por ejemplo, si la mujer accedió a consumir alcohol o drogas voluntariamente antes de la comisión del delito sexual”, argumentó. Este delito se castigará desde con cinco hasta 10 años de prisión y multa de 50 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. “Lo anterior, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que se cometiesen sobre la víctima de sumisión química”, refiere el dictamen aprobado y emitido por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Asimismo, esta sanción incrementará en una mitad si el autor del delito fuese persona empleada o colaboradora del establecimiento destinado a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en donde se cometió la sumisión química, o se tratase de un proveedor de servicios de dicho lugar. Mientras que la pena se aumentará en una tercera parte si algún empleado o colaborador de un negocio destinado a la venta y consumo de bebidas alcohólicas o de un proveedor de servicios, prestare ayuda al autor, coautor o cómplice de la sumisión química. Con esta reforma al Código Penal también se agravan las penas para quien cometa otros delitos usando la sumisión química, como la violación sexual, el hostigamiento y la fabricación de contenido íntimo, sexual o erótico, algunas sanciones son de 27 años de cárcel. Para estos cambios en la legislación, se reformaron la fracción III del párrafo segundo del artículo 241, el tercer párrafo del artículo 241 Bis, la fracción III del segundo párrafo del artículo 241 Ter, el primer párrafo del artículo 247 y la fracción VI del cuarto párrafo del artículo 249; y se agregó el capítulo IX llamado “Sumisión Química”, que contiene los artículos 325 Bis y 325 Ter al Título Décimo Sexto “Delitos contra la vida y la integridad corporal”, del Código Penal de Oaxaca.