- La iniciativa plantea establecer medidas de prevención, atención y sanción, así como un protocolo de actuación para evitar la reproducción de este tipo de violencia institucional
San Raymundo Jalpan, Oax., a 28 de septiembre de 2026.- Para fortalecer la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia vicaria, la diputada Jimena Yamil Arroyo Juárez, integrante del Grupo Parlamentario Morena, presentó una iniciativa que propone reconocer esta modalidad de violencia en su vertiente de utilización desproporcionada del sistema de justicia y establecer mecanismos específicos para su prevención, atención y sanción.
La propuesta plantea reformar la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y el Código Penal para el Estado, con el propósito de identificar como violencia vicaria la utilización reiterada de denuncias, demandas, quejas, juicios, amparos, recursos u otros mecanismos jurídicos que tengan como finalidad dilatar, obstaculizar, limitar, impedir, negar o entorpecer el cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con la guarda, custodia, alimentos y convivencia, o que afecten la relación materno-filial.
De acuerdo con el documento legislativo, también se busca reconocer como violencia institucional aquellos casos en los que las autoridades que integran los sistemas de procuración e impartición de justicia omitan realizar un análisis integral, contextual y con perspectiva de género e interés superior de la niñez, y con ello dilaten u obstaculicen el cumplimiento de resoluciones, emitan determinaciones que revictimicen o estereotipen a las madres, no dicten o ejecuten medidas de protección idóneas, o reproduzcan acciones que desacrediten el vínculo materno-filial.
El planteamiento contempla además la elaboración de un protocolo para la prevención, detección, atención y erradicación de la violencia vicaria, que incluya acciones coordinadas de prevención y difusión; atención con debida diligencia; una metodología de análisis contextual y evaluación de riesgo; registro estadístico para identificar patrones de litigio, tiempos de separación e incumplimientos, así como capacitación y sensibilización dirigida a autoridades jurisdiccionales y administrativas e instituciones públicas y privadas.
En materia penal, propone incorporar como conducta sancionable la utilización desproporcionada del sistema de justicia mediante la interposición reiterada de mecanismos jurídicos para afectar la relación materno-filial, así como establecer responsabilidades para las personas servidoras públicas que, por acción u omisión, nieguen, incumplan o dejen de emitir determinaciones, medidas de protección, órdenes de restitución o medidas cautelares, o emitan resoluciones sin perspectiva de género e interés superior de la niñez que reproduzcan o toleren este patrón de violencia.
La propuesta establece, para estos casos, además de la pena prevista en el Código Penal, la destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
También contempla que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJO), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGEO), la Secretaría de las Mujeres y la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennao), diseñe el protocolo correspondiente dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, en caso de ser aprobado por el Pleno.
La iniciativa fue presentada en Sesión Ordinaria y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Mujeres e Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia.
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